El oficialismo logró la aprobación en el Senado del
polémico proyecto de ley de blanqueo de dólares, propuesto por el equipo económico de Cristina que, según afirma,
busca incentivar la economía argentina, mientras para sus críticos
premia a los evasores fiscales y daña la imagen del país.
La iniciativa fue respaldada en la noche del miércoles con los votos de 39 legisladores del partido gobernante y sus aliados, mientras 28 votaron en contra. El proyecto pasó a la Cámara de Diputados para ser tratado en los próximos días. El oficialismo también ejerce el control en esta instancia legislativa.
El senador del peronismo oficialista Aníbal Fernández destacó que con el blanqueo de dólares no declarados en el exterior o en el país "se busca una herramienta que nos permita seguir en la senda del crecimiento y de la creación de empleo".
El blanqueo de capitales impulsado por el gobierno de la presidenta Cristina Fernández permitirá a las personas físicas o jurídicas ingresar sus dólares no declarados al circuito formal de la economía a través de la compra de tres instrumentos financieros nominados en la divisa estadounidense: el Certificado de Depósito para Inversión Inmobiliaria (Cedin), el Bono Argentino de Ahorro para el Desarrollo Económico (Baade) y el Pagaré de Ahorro para el Desarrollo Económico.
Uno de los puntos más cuestionados del proyecto es que los sujetos que adhieran al blanqueo no estarán obligados a informar al fisco el origen de los fondos y por lo tanto quedan liberados de cualquier acción civil, comercial y penal tributaria en su contra. También quedan eximidos del pago de impuestos por las sumas que declaren.
"Se busca recuperar dinero ocioso, clandestino.... y (el proyecto) puede ser generador de nuevos negocios inmobiliarios y de infraestructura energética", dijo el senador Fernández en la sesión de votación.
El legislador oficialista aseguró que se tomaron recaudos para que "no puedan entrar imputados por delito de lavado de dinero y financiamiento de terrorismo y el control se extienda a sus cónyuges y parientes hasta segundo grado de consanguineidad".
El opositor Gerardo Morales dijo, sin embargo, que la iniciativa propiciará "un paraíso fiscal para que se beneficien todos esos delincuentes que se han llevado cientos de miles de dólares del país". El también opositor Jaime Linares sostuvo que la propuesta "es un retroceso desde el punto de vista impositivo, es mala desde el punto de vista de la equidad y en algunos casos le abrimos la puerta al delito complejo", como el narcotráfico.
"Están poniendo un cartelito de tonto a todos los que cumplen con la ley", dijo por su parte Rubén Giustiniani, otro senador contrario al proyecto.
Economistas han puesto en duda que la propuesta logre estimular las inversiones y afirmaron que en realidad favorece la evasión y busca acumular divisas en un año electoral. El oficialismo aspira a renovar su control en ambas cámaras legislativas en las elecciones de octubre.
Los expertos también afirmaron que con esta iniciativa el Ejecutivo demuestra su urgente necesidad de inyectar dólares en una economía que adolece de capitales e inversiones. También advierten que, de aprobarse la ley, aumentará la desconfianza en Argentina por parte de los organismos internacionales de combate al lavado, lo que a su vez mermaría la inversión extranjera.
Según el viceministro de Economía, Axel Kicillof, unos 200.000 millones de dólares no declarados por los argentinos se encuentran ocultos en el país y el exterior.
El proyecto establece que las personas físicas y jurídicas con dólares no declarados deben depositar el dinero en una entidad bancaria. A cambio recibirán los Cedin emitidos por el Banco Central para ser utilizados en operaciones inmobiliarias y construcción de viviendas o el bono Baade en dólares, que vence en 2016 y paga un interés de 4% anual. El Baade será destinado a programas de inversión en la petrolera estatal YPF y otros proyectos de infraestructura. El pagaré, en tanto, se usará para financiar la inversión pública.
La transacción de inmuebles, que en Argentina se hace tradicionalmente en dólares, cayó abruptamente desde que el gobierno restringió la compra de la divisa en noviembre de 2011 para detener la incesante fuga de capitales. Los ahorristas que quieren dólares se están volcando en el mercado paralelo de divisas para mantener el poder adquisitivo en un contexto de una inflación anual de 25%, según estimaciones privadas.
Fuente: Agencia AP
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